La Ley CLARITY asignaría formalmente la supervisión de los mercados spot de criptomonedas al CFTC, una expansión significativa del mandato de la agencia en un momento en que su plantilla está un 21,5% por debajo del número máximo de empleados. Los informes indican que el personal que planteó preguntas de cumplimiento sobre grandes empresas de criptomonedas fue apartado, lo que genera nuevas dudas sobre la preparación institucional de la agencia para absorber un nuevo y amplio mandato regulatorio.
La tensión no resuelta es estructural: el Congreso está avanzando para darle al CFTC un trabajo más grande antes de que la agencia haya reconstruido la capacidad para cumplir con su actual. Convertir un mandato legislativo en reglas funcionales, procesos de registro, vigilancia del mercado y acciones de cumplimiento requiere personal —analistas, abogados, examinadores— de los que el CFTC carece visiblemente.
Para la industria de las criptomonedas, la Ley CLARITY representa un grado de claridad regulatoria que los mercados han demandado durante mucho tiempo.