Kalshi afronta una demanda en Utah por juego ilegal

Utah ha demandado a Kalshi y a dos empresas de trading de Susquehanna, a las que acusa de operar un negocio de juego ilegal en el estado. La denuncia del fiscal general Derek Brown menciona a cinco empresas de Kalshi y reclama la devolución de los ingresos presuntamente ilegales, una compensación para el estado y sus residentes, y daños y perjuicios. Utah calcula que Kalshi ingresó entre 30,6 y 61,2 millones de dólares en comisiones de cuentas del estado hasta el 19 de octubre, aunque señala que la cifra real podría variar sustancialmente.

Por qué importa

La demanda cuestiona que las apuestas de los mercados de predicción dejen de ser juego por el mero hecho de denominarse «contratos de eventos». Utah sostiene que KalshiEx gestiona la plataforma y se queda con una parte, mientras que Kalshi Trading y las empresas de Susquehanna apuestan en contra de los usuarios y ganan cuando estos pierden. Daniel Wallach, abogado especializado en deportes y juego, la calificó como la primera actuación de un fiscal general estatal contra creadores de mercado de predicción.

Utah quiere bloquear las apuestas sobre deportes, elecciones, política, cultura y «menciones», y reclama controles de ubicación más precisos para aplicar las restricciones estatales. Brown también criticó el atractivo de las plataformas para los hombres jóvenes y afirmó que no les ayudaban a invertir ni les aportaban información útil.

Impacto en el mercado

El caso aumenta la presión legal sobre Kalshi tras las demandas presentadas en agosto por Connecticut y Baltimore, que alegaban apuestas deportivas sin licencia. En septiembre, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Ohio y Tennessee podían aplicar sus leyes sobre apuestas deportivas a Kalshi, y rechazó el argumento de la empresa de que la supervisión federal la protegía de las leyes estatales. Kalshi discrepó de esa decisión y dijo que esperaba que fuera revocada.

Utah afirmó que por ahora se centra en Kalshi, pero Brown describió el caso como parte de una investigación más amplia y no descartó actuar contra otras plataformas. La disputa sitúa las restricciones estatales, los acuerdos de creación de mercado y los controles de ubicación en el centro de los riesgos legales del sector.